Las Garantías en un Proceso penal

1.- Juicio previo (nulla poena sine juditio)

Esta es una de las principales garantías procesales en un sistema republicano de Gobierno. Tiene una base Constitucional en el art. 18 de la CN:
CN18: “Nadie puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso…”
Para MAIER, en el texto, ‘juicio’ y ‘sentencia’ son aquí sinónimos. El único antecedente, pues, de una pena impuesta al imputado es esta sentencia entendida como conclusión lógica de un razonamiento fundado en premisas. El proceso, mencionado en último término es el antecedente necesario de esa sentencia y debe estar disciplinado por la ley procesal. EL ‘output’ de este proceso, pues, es la sentencia, única habilitadora de la pena.
Dentro de la división de tareas, en nuestro sistema Republicano de Gobierno, es el Poder judicial el único ente con legitimidad suficiente para emitir ese juicio. Le está expresamente vedado al Presidente de la Nación (CN23). Tampoco está habilitado el Poder legislativo, lo que se deduce de la lista de competencias expresamente reconocidas a este poder en la Constitución (CN75).
El proceso es, entonces, el único antecedente de la sentencia, y sus actos deben estar reglamentados por ley anterior al hecho (valen aquí los mismos supuestos que en la legalidad penal), debe operar como límite al jus puniendi del estado y también a la voluntad del imputado, ya que si éste no atendiera a su defensa será el juez quien le designe defensor de oficio.
La existencia del ‘proceso’, regido por una serie de normas disciplinantes hace decir a la doctrina que la reacción estatal frente a la comisión de un delito se ‘mediatiza’ mediante el mismo. Debe aclararse que aunque de la lectura del texto constitucional pareciera que como proceso basta una operación lógica de averiguación de premisas, ello no es suficiente. EL proceso no puede ser cualquiera. Una lectura comprensiva de toda la CN nos hace ver que este proceso debe estar reglamentado de tal forma que respete las otras garantías que enumera la CN (juez natural, defensa apropiada, tratamiento del imputado como inocente, incoercibilidad, etc.)
Caben algunas disquisiciones aún acerca de los requerimientos  constitucionales que debe tener este acto de asignación de pena
a)	La necesidad de fundamentar la sentencia: Existe en la doctrina la tendencia a afirmar que la sentencia debe ser fundada para ser válida. En realidad, no podemos decir abiertamente que tal conclusión se extraiga de la lectura del texto constitucional. Sin embargo, si entendemos por ‘fundar’ la sentencia la explicitación de las premisas, las razones de hecho y derecho que la justifican, no podemos menos que decir que la necesidad de fundar la sentencia se basa más en un argumento político que en una garantía de defensa del imputado. Leemos a Maier:
“Por lo demás, es hipócrita sostener que la exigencia de motivar los fallos penales, explicando la valoración de la prueba por la que se arriba a determinada conclusión fáctica constituye una garantía individual, integrante del juicio previo. SI ello fuera así, debería procederse a la anulación de sentencias favorables al imputado por este motivo, cuando considera, por ejemplo, que el hecho no existe o el imputado no ha participado en él…”
b)	La posibilidad de revisar la sentencia. Esta discusión ha perdido fuerza desde la adopción con rango supraconstitucional de los pactos de derechos Humanos. En efecto, de acuerdo a estos pactos se debe reglar un recurso del condenado frente a la sentencia condenatoria, veamos por ejemplo el art. 8.2 de la Convención Americana de los Derechos del Hombre (Pacto de San José de Costa Rica) 

CADH8.2: “. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
b. comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
h. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.”

 Cabe hacer notar que no se ve en la lectura de nuestra CN un párrafo que habilite a la revisión de sentencias, aunque ésta se ha mantenido siempre (aún antes de la adopción de los Pactos)  como una resultante de nuestro sistema de administración de justicia, vertical y muy adicto a los controles internos.
2.-Principio de inocencia

Antes de la adopción de los pactos (CN75, inc.22), no se podía extraer de ninguna parte del texto constitucional una lectura literal del principio, el cual se infería por la doctrina del mismo art. 18 que impone la obligación de un proceso y una sentencia para habilitar la pena.
A partir de la adopción de los pactos, tal cuestión ha sido zanjada (ver más arriba, por ejemplo el CADH 8.2).
La adopción de tal criterio tiene varias consecuencias que trataremos de exponer. Pero antes, analizaremos los argumentos de quienes se oponen a que este sea un principio vigente:
 Manzini sostenía que tal afirmación era burdamente irracional de un sistema que a la vez mantiene la prisión preventiva y efectivos procedimientos de coacción contra el imputado. Sostenía que “si se  presumiera que el imputado es inocente no se accionaría contra él….” 
Velez mariconde, por su parte sostiene que el término ‘presunción no debe ser tomado en sentido técnico, postulando el reemplazo del término poco feliz por el del ´principio de inocencia’.
De cualquier manera, la significación del término es que el imputado tiene la misma situación jurídica que un inocente y se constituyo en una reacción a partir de los juicios reglamentados en el Iluminismo para oponerse férreamente a un sistema judicial donde la presunción era exactamente la contraria (como en el sistema inquisitivo de la Edad Media)
Más allá de estas consideraciones de la terminología, el principio de inocencia acarrea importantes consecuencias en la reglamentación del proceso, las que analizaremos a continuación
a)	Que hacer en caso de duda (in dubio pro reo): EL principio, corolario directo del principio de inocencia, indica que la sentencia solo puede estar fundada en la certeza del tribunal. La falta de certeza impide destruir la presunción del principio en estudio.
b)	La carga de la prueba (onus probandi): EN el proceso la carga de la prueba debe estar exclusivamente a cargo del acusador. Es éste el que esta obligado a demostrar con certeza su pretensión. Esta carga no solo se aplica a la probanza del hecho material, sinó también a su aspecto subjetivo. 
c)	La aparente incongruencia de la coerción procesal: EL principio en estudio impide que el imputado sea tratado como si fuera un condenado. Sin embargo, este concepto no ha eliminado toda forma de coerción estatal. Históricamente, hay una cierta ‘resignación’ a que el principio de inocencia ceda ante la necesidad política de coerción procesal en ciertos casos. Veamos por caso el Art. 9 de la Declaración de los Derechos Del Hombre y del Ciudadano (1789) pergeñada por la ilustración:
DDHC9:  ”Todo hombre debe ser tenido por inocente hasta que sea declarado culpable y si se juzga necesario detenerle, todo rigor que no fuere necesario para asegurarse de su persona debe ser severamente penado por la ley” (el subrayado es nuestro).
Nuestra CN admite entonces estos sistemas de coerción, pero exige garantías de realización como la orden escrita de autoridad competente, para el arresto (CN 18).
Veremos más adelante y en detalle los diversos medios de coerción procesal.

3.-Defensa en juicio
 
La garantía de la defensa en juicio esta consagrada  constitucionalmente en la CN18, donde se dice que es inviolable la defensa en el proceso (que debe entenderse en forma amplia, no sólo como proceso penal).
La inviolabilidad de la defensa en juicio se relaciona con las dos garantías ya estudiadas: La necesidad de un juicio previo y la presunción de inocencia (con los correlatos analizados), pero nuestra CN va más lejos y proclama la prohibición de la obligación a la autoincriminación.
Los pactos Internacionales, han complementado las características de una defensa eficaz, para lo cual enumeraremos brevemente (citaremos solo los artículos de la Convención Americana (CADH) y del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP) pero existen similares referencias en otros pactos adoptados por la constitución, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH):
a)	Derecho a la igualdad de las partes (CADH 8.2, PIDCyP 14.3).
b)	Derecho a ser oído (CADH 8.1, PIDCyP 14.1).
c)	Derecho a contar con un intérprete (CADH 8.2, PIDCyP 14.3).
d)	Derecho a conocer la acusación en detalle  (CADH 8.2b, PIDCyP 14.3a).
e)	Derecho a contar con tiempo para preparar la defensa (CADH 8.2c, PIDCyP 14.3b).
f)	Derecho a ser informado de la posibilidad de contar con defensor ( PIDCyP 14.3d).
g)	Derecho a defenderse personalmente o ser asistido por letrado y de comunicarse libremente con el mismo (CADH 8.2b, PIDCyP 14.3b y d). 
h)	Derecho a contar con defensor oficial si se carece de medios (CADH 8.2a, PIDCyP 14.3d).
i)	Derecho a interrogar a los testigos y citar testigos de descargo o peritos (CADH 8.2f, PIDCyP 14.3e).
j)	Derecho a no ser obligado a incriminarse (CADH 8.2g, PIDCyP 14.3g).
k)	Validez de la confesión solo si fue lograda son coacción (CADH 8.3).
l)	Derecho a recurrir el fallo ante tribunal superior  (CADH 8.2h, PIDCyP 9.4).
m)	Derecho a un proceso público (CADH 8.5, PIDCyP 14.1)
n)	Derecho a un proceso rápido (CADH 9.3, PIDCyP 14.3)

4.-Imparcialidad

Esta garantía se ha constituido en uno de los pilares más importantes de un sistema de administración de justicia republicano. Para nosotros se trata de una ‘megagarantía’ pues sin la vigencia de este principio de nada valdrían los demás asertos constitucionales. Aunque discutido, para nosotros, la vigencia de esta máxima además, impone como válido un solo tipo de procedimiento, cual es el  sistema acusatorio, más allá de las discusiones sobre la posible parcialidad del juez investigador. 
En efecto, las discusiones continúan pues el  término imparcial conlleva una carga semántica de significado cultural (el juez inquisidor del Medioevo era considerado imparcial, por ejemplo), pero comenzaremos anotando que la garantía de imparcialidad en nuestra cultura jurídica se refiere a quien ‘no es parte’, es decir que quien decide no tenga parte en el asunto.
La regla ha sido plasmada en los pactos supraconstitucionales que adoptó la nación (CN 75 inc. 22) en 1994, a saber:
a)	DUDH 10
b)	DADH 26. II
c)	CADH 8, 1
d)	 PIDCyP 14.1 
e)	CPDH y LF 6.1
La garantía tiene tres corolarios importantes que estudiaremos a continuación. Estos tres corolarios apuntan al mismo ideal: Que quien juzga o decide no sea parte, no tenga interés en aquello que se resuelve.
a)	Principio del juez natural: La CN18 expresa 
CN 18 “…ningún habitante de la nación puede ser juzgado pro comisiones especiales, o sacado d elos jueces designados por la ley antes del hecho de la causa…”
La imparcialidad buscada aquí, es un principio ‘negativo’: Se busca evitar la presunta parcialidad de tribunales  creados ‘ad hoc’ para el juzgamiento de algún tema. Lo que se prohíbe es que el tribunal se cree para juzgar un hecho ya ocurrido, no se prohíbe su creación para hechos a futuro. El juez natural entendido por la CN es aquel que fue instituido de acuerdo a las reglas de la organización judicial, y, volvemos a repetirlo, antes del hecho de la causa. Nada impide la creación de nuevos tribunales con nuevas competencias, pero deben limitarse a juzgar hechos futuros.
Cabe destacar que el principio NO se vulnera si hay alteración de los miembros que componen un tribunal (producida por ascenso, enfermedad, retiro, etc.) Es decir, el principio NO se aplica a la identidad física del juzgador.
Son jueces naturales solamente los nombrados en la órbita del poder judicial federal o provincial. Al presidente de la nación le esta expresamente prohibido ejercer funciones judiciales.
Es importante notar que la garantía no se limita al juez que dicta sentencia. Como dice Macchi:
“no se restringe la hecho de dictar la correspondiente sentencia, sinó que comprende todo el proceso en su conjunto, involucrando al juez natural tanto en la investigación preparatoria como en el juicio. Resulta conculcada la formación de tribunales administrativos a los cuales se les atribuyen facultades jurisdiccionales en infracciones de naturaleza penal…”
b)	Imparcialidad en el caso concreto: Este aspecto de la imparcialidad prescribe que el juez debe ser equidistante de las partes en disputa (acusador y acusado). Esto, para algunos, ‘pulveriza’ la concepción inquisitiva de combinar en una sola figura las funciones de acusador y juez (aunque, como vimos, aún se puede considerar imparcial a un juez inquisidor dotado del poder de investigar y juzgar a la vez). Como dice MAIER
“Se trata de la imparcialidad frente al caso, la que semánticamente refiere a la ausencia de prejuicios a favor o en contra de las personas o de la materia acerca de las cuales cabe decidir, y que intenta preservarse colocando en la función de juzgar a una persona que garantice la mayor objetividad posible al enfrentarlo”
Nuestro CPPN, detalla en el art.55 los motivos de la inhibición de un juez:
CPPN55: “El juez deberá inhibirse de conocer en la causa cuando exista uno de los siguientes motivos: 
1°) Si hubiera intervenido en el mismo proceso como funcionario del Ministerio Público, defensor, denunciante, querellante o actor civil, o hubiera actuado como perito o conocido el hecho como testigo, o si en otras actuaciones judiciales o administrativas hubiera actuado profesionalmente en favor o en contra de alguna de las partes involucradas.
2°) Si como juez hubiere intervenido o interviniere en la causa algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 
3°) Si fuere pariente, en los grados preindicados, con algún interesado. 
4°) Si él o alguno de dichos parientes tuvieren interés en el proceso. 
5°) Si fuere o hubiere sido tutor o curador, o hubiere estado bajo tutela o curatela de alguno de los interesados. 
6°) Si él o sus parientes, dentro de los grados preindicados, tuvieren juicio pendiente iniciado con anterioridad, o sociedad o comunidad con alguno de los interesados, salvo la sociedad anónima.
7°) Si él, su cónyuge, padres o hijos, u otras personas que vivan a su cargo, fueren acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados, salvo que se tratare de bancos oficiales o constituidos, bajo la forma de sociedades anónimas. 
8°) Si antes de comenzar el proceso hubiere sido acusador o denunciante de alguno de los interesados, o acusado o denunciado por ellos.
9°) Si antes de comenzar el proceso alguno de los interesados le hubiere promovido juicio político. 
10) Si hubiere dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso a alguno de los interesados. 
11) Si tuviere amistad íntima, o enemistad manifiesta con alguno de los interesados. 
12) Si él, su cónyuge, padres o hijos, u otras personas que vivan a su cargo, hubieren recibido o recibieren beneficios de importancia de alguno de los interesados; o si después de iniciado el proceso, él hubiere recibido presentes o dádivas, aunque sean de poco valor.”

c)	Estabilidad del juzgador: Este aspecto de la imparcialidad procura que el principio se vea afectado por presiones sobre el juzgador. Es sobre esta máxima que se apoya la discutida intangibilidad en la remuneración de los magistrados  y la inamovilidad de sus cargos (CN 110) por lo menos hasta cumplir 75 años (CN99.4). La imparcialidad que se busca aquí, es la de un juez sereno, que pueda decidir sin presiones externas (a diferencia de las pasiones internas que se trataron en el acápite anterior). Además de una garantía para el justiciable, se trata además de un principio político pues la organización republicana de Gobierno impide la influencia de un poder sobre otro.
5.- La imposibilidad de la persecución penal múltiple  (NE bis in idem)

Este principio, que analizaremos en detalla mas abajo impide la persecución consecutiva ante la ocurrencia del mismo hecho imputado a la misma persona. En verdad, no está expresamente prohibida en la letra de la Constitución y se la consideró tradicionalmente por la doctrina como una de las garantías implícitas del art. 33, aunque sí lo prohíben algunas constituciones provinciales.
Las condiciones que levantan la prohibición se vinculan a las tres máximas
a)	Eadem re (mismo hecho)
b)	Eadem persona (mismo imputado)
c)	Eadem causa petendi. Esta confirmación es la que mas dudas ofrece. E refiere a la fuente de la persecución. A veces, esta distinción es fácil: Si alguien fue sobreseído por un delito doloso, no puede ser imputado por al mismo hecho a título culposo. Sin embargo, a veces, la distinción no es tan clara: A veces no se ve claro la diferencia de la máxima en los casos de delito continuado o permanente. Otras complicaciones respecto a la fuente surgen respecto a la participación, al concurso, a la acción pública y privada, etc.