Principios políticos del Derecho procesal penal

Los principios políticos del DPP son los lineamientos estructurales que guían su conformación, y lo que es más importante, su interpretación. Los llamamos  principios políticos, pues no podemos desconocer que el Derecho penal (y el DPP como realizador de éste) responde a una elección política de realización de vida en sociedad (como otras tantas manifestaciones del poder estatal).  Son elecciones, en el marco de la vida de una Nación. Es importante la comprensión de estos principios, que deben estar en sintonía con la estructura normativa general y más concretamente con la Constitución.

1.-Principio de oficialidad

El principio de oficialidad —también denominado de estatalidad— es el principio según el cual la persecución penal está a cargo del Estado. En la tradición jurídica continental, la persecución penal a cargo del estado data del siglo XI, mientras que en los países regidos por el ‘Commnon Law’ (Inglaterra, EEUU), esta persecución oficial es mucho más reciente.

2.-Principio de legalidad procesal

Este principio (cuyo nombre es altamente confuso pues a veces se lo confunde con el conocido principio de legalidad penal), no tiene base constitucional (a diferencia de aquel). Su base es el art 71 del Código penal (CP) que dice:

CP71:” Deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales, con excepción de las siguientes:    1º. las que dependieren de instancia privada;    2º. las acciones privadas.”  (el subrayado es nuestro)
 Según este principio, TODOS los delitos, por igual, deben ser perseguidos. La idea (de por sí irrealizable y una de las causas del colapso actual en la administración de justicia) es mantener, en el plano de la persecución penal, el principio de igualdad (que SÍ tiene base constitucional).
Un segundo presupuesto de este principio son las teorías absolutas (retributivas) de la pena, según la cual el delito debe ser castigado (expiado) con la imposición de la pena correspondiente.
 3.-Principio de oportunidad

Es la ‘contracara del principio anterior. Lo mencionamos aquí, pues, como veremos es adoptado ‘informalmente’ como práctica usual en los tribunales, ante la imposibilidad de perseguir por igual todos los delitos.
En los países del ‘Common law’ este principio es la regla. EL fiscal tiene absoluta discrecionalidad para actuar o nó en un caso concreto, a pesar de que algunas leyes establecen el carácter obligatorio de la persecución penal en algunos casos especiales. El fundamento es la división de poderes del Sistema Republicano: La acción penal (a cargo de los fiscales) es una tarea típicamente ejecutiva y no puede ser controlada por un poder ajeno a la Administración (en este caso, el poder judicial).
Gradualmente, y especialmente en algunos códigos procesales centroamericanos, comienza a surgir un principio de oportunidad como excepción al principio de legalidad procesal (que continúa siendo la regla). Así, por ejemplo, en el Código procesal  Penal (CPP) de Costa Rica, la acción pública puede devenir privada (y por lo tanto extinguirse como pública) si:
“..  la víctima lo solicita , siempre que el Ministerio Público lo autorice y no exista un interés público gravemente comprometido, cuando se investigue un delito que requiera instancia privada o un delito contra la propiedad realizado sin grave violencia sobre las personas”.
Para Maier, son ejemplos de criterios orientados a la descriminalización de ciertos hechos punibles los siguientes: el concepto de adecuación social del hecho,  las ofensas de escasa lesividad , los casos de culpa mínima por parte del autor, o los casos de ‘pena natural’. Por otro lado, también considera que existen criterios orientados a una mayor eficiencia de la administración judicial.
“Genéricamente expresado, dos son los objetivos principales para los que la aplicación de criterios de oportunidad se pueda convertir en un auxilio eficaz: la descriminalización de hechos punibles, evitando la aplicación del poder penal allí donde otras formas de reacción frente al comportamiento desviado pueden alcanzar mejores resultados o donde resulte innecesaria su aplicación; la eficiencia del sistema penal en aquellas áreas o para aquellos hechos en los que resulta indispensable su actuación como método de control social, en procura del descongestionamiento de una justicia penal sobresaturada de casos, que no permite, precisamente, el tratamiento preferencial de aquellos que deben ser solucionados indiscutiblemente por el sistema, y como intento válido de revertir la desigualdad que, por selección natural, provoca la afirmación rígida del principio de legalidad”.
En nuestro país, se introdujo, por vía del CP (y es por lo tanto de aplicación obligatoria en todas las provincias), una variante del principio de oportunidad con el instituto de la ‘Suspensión de juicio a prueba’.
4.-Principio acusatorio

Como vimos en el análisis comparado de sistemas de enjuiciamiento (ver más arriba), lo fundamental de este principio es que según el mismo, se separan las funciones requirente (acusadora) y juzgadora. Es típica de los países del ‘Common Law’, donde es conocida la funcionalidad de los jurados.
Según la letra de nuestra Constitución, este es el principio de juzgamiento adoptado por la Nación, ya que en la misma se menciona en tres oportunidades que la resolución de juicios debe hacerse por jurados. No obstante ello, aún pesa en la cultura jurídica local la tradición inquisitiva continental (que agrupa las funciones de juzgar y acusar en el mismo juez). 
De cuño netamente inquisitivo era el derogado Código de Procedimientos en Materia Penal (CPMP) que fue reemplazado por el actual Código de Procedimiento Penal de la Nación (CPPN). Sin embargo, éste, a pesar de su sello de ‘modernidad’ no presenta rasgos completamente acusatorios: Divide el proceso en tres etapas, la primera (‘Instrucción’) mayormente inquisitiva, una etapa intermedia y una tercera etapa (‘Juicio’, ‘Debate’ o ‘Proceso’) con  características mayormente acusatorias (aunque no completamente).
Si bien suele asociarse el principio acusatorio a un adecuado ejercicio de la defensa, esta conexión no resulta automática: puede haber defensas eficaces en sistemas inquisitivos y a la inversa. Para Bovino, por ejemplo, el principio acusatorio se liga más bien a otra garantía diferente a  la defensa en juicio: La imparcialidad del tribunal:
“…consideramos que, en verdad, el principio acusatorio tiene una vinculación mucho mayor con la realización de una garantía distinta al derecho de defensa: la imparcialidad del tribunal. Esta vinculación ha sido, a nuestro juicio, menospreciada por la doctrina tradicional, pero hoy comienza a ser rescatada, especialmente en el marco de movimientos de reforma que reconocen la necesidad de dotar al procedimiento penal propio de la tradición continental de rasgos más acusatorios.[…] para comprender mejor la  vinculación entre el principio analizado y la garantía de imparcialidad debemos recordar que mientras la Ilustración mantuvo la persecución penal pública, fue instrumentadora, en el ámbito político, del principio de la división de los poderes del Estado. Este principio tuvo como una de sus principales consecuencias la diferenciación estricta de las tareas ejecutivas, legislativas y judiciales a cargo de los órganos del Estado y, como producto de esa diferenciación, el nacimiento del principio de independencia judicial. Se intentaba garantizar que los jueces, para poder cumplir su función, no recibieran presión alguna al decidir los casos, y que se limitaran a la aplicación casi mecánica de la ley…”
5.-Principio de La verdad material

No siempre los procedimientos penales tuvieron como búsqueda la verdad real. Los ‘juicios’ de la Edad media, en las regiones dominadas por los pueblos germánicos tuvieron las características de contiendas u ordalías, donde la culpabilidad o inocencia se dirimía con pruebas de fuerza entre oponentes o con los elementos (caminar sobre fuego, sobrevivir a un ahogamiento, etc.). 
Es necesario entender la lógica de una época tan especial como la Edad media, para comprender este proceso, que a nuestros ojos de modernidad (o posmodernidad) puede ocurrírsenos antojadizos. En la Edad media, con una casi imposibilidad de circulación de mercancías pues no existía comercio alguno, la única vinculación entre las sociedades era la guerra. El proceso penal era, pues la ritualización de la guerra, por otros medios.
No olvidemos, como ya hemos visto que la Edad Media está marcada, desde la caída del Imperio Romano,  por la casi total ausencia de grandes concentraciones políticas, ya que los monarcas debieron ceder su  ‘auctoritas’ a los señores feudales, que se convirtieron en amos y señores absolutos de su jurisdicción. A partir del siglo XI, comienza a  recomponerse gradualmente el poder real (paradójicamente con la ayuda de la incipiente burguesía de las nuevas ciudades).
En el siglo XIII, en que en el marco de la citada recomposición del poder real (que se dirigía sobre todo contra los señores feudales que se negaban a ceder sus prerrogativas logradas durante los siglos de época medieval)  se producen, en Europa Continental, grandes transformaciones en el proceso penal, cuyas consecuencias sufrimos aún hoy en día: a) La investigación pasa de tener una iniciativa privada a ser una iniciativa pública (es decir, nace el principio de oficialidad) b) la posibilidad de acusar y de juzgar se ubica en una sola cabeza (nace la figura del inquisidor) c) Se coloca como objetivo primordial de todo juicio encontrar la ‘verdad material’ de lo ocurrido.
Es común escuchar que  el objeto del procedimiento penal es la averiguación de la verdad real o histórica, para contraponerlo al concepto de verdad formal, propia del proceso de derecho privado, donde el objeto del litigio es lo que las partes disputan y donde rige el principio dispositivo.
No obstante ello, entendemos que la verdad en el proceso penal no difiere sustancialmente de la verdad en el proceso civil, salvo cuando el concepto de verdad es usado como garantía (en términos de verificación de la imputación, es decir, para destruir el estado jurídico de inocencia).  Ferrajoli distingue claramente entre el concepto de verdad que opera como principio político del procedimiento penal, y el concepto de verdad r como garantía de libertad de la persona perseguida penalmente.
No obstante, para Bovino, citando a Maier y Vivas Ussher, el CPPN actual se dirige casi exclusivamente a la búsqueda de la verdad material, como un principio político que guía el procedimiento:
“Si atendemos a ciertas características del procedimiento penal, verificaremos que el papel de la verdad como principio político se impone a cualquier otro: a) el tribunal penal inquiere durante todo el procedimiento, para averiguar la verdad por sí mismo; b) en el procedimiento penal rige una imposibilidad de vincular al tribunal a la voluntad de las partes; c) en el procedimiento penal el tribunal puede producir prueba de oficio; y d) en el procedimiento penal la prueba se incorpora al procedimiento.
Va de suyo que le asiste razón a Bovino y quizás ello explique la renuencia a adoptar el principio de oportunidad (ya estudiado), pues este es un claro atentado a esta búsqueda afanosa de la verdad real.

6.- Principio de autonomía de la víctima

Según este principio, el ordenamiento procesal comienza, en forma paulatina a tomar en cuenta a la víctima del delito objeto del procedimiento. Nuestro CPPN adhiera, tibiamente a esta tendencia al permitir la presencia de la víctima como querellante.
Esta mayor participación se observa, por ejemplo, en la legitimación activa para accionar como querellante en el caso de ciertos delitos.
Además de la posibilidad de actuar, los derechos de la víctima en los modernos procedimientos penales implican la posibilidad de 
a)	Ser informada del avance del proceso
b)	Ser oída
c)	Ser protegida
d)	Impugnar el sobreseimiento o la absolución aún sin haberse constituido en parte
e)	Reclamar por el resarcimiento civil
 En nuestro CPPN, con respecto a la víctima, específicamente se enuncia:

CPPN 79:” Desde el inicio de un proceso penal y hasta su finalización, el Estado nacional garantizará a las  víctimas de un delito y a los testigos convocados a la causa por un órgano judicial el pleno respeto de los siguientes derechos:
a) A recibir un trato  digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes;
b) Al sufragio de los  gastos de traslado al lugar donde la autoridad competente designe;
c) A la protección de  la integridad física y moral, inclusive de su familia;
d) A ser informado  sobre los resultados del acto procesal en el que ha participado;
e) Cuando se tratare de persona mayor de setenta (70) años, mujer embarazada o enfermo grave a cumplir el  acto procesal en el lugar de su residencia, tal circunstancia deberá ser comunicada a la autoridad competente con la debida anticipación.
Artículo 80: Sin perjuicio  de lo establecido en el artículo precedente, la víctima del delito tendrá derecho:
a) A ser informada por la  oficina correspondiente acerca de las facultades que puede ejercer en el proceso penal, especialmente la de constituirse en actor civil o tener calidad de querellante;
b) A ser informada sobre  el estado de la causa y la situación del imputado;
c) Cuando fuere menor o  incapaz, el órgano judicial podrá autorizar que durante los actos procesales en los cuales intervenga sea acompañado por persona de su confianza, siempre que ello no coloque en peligro el interés de obtener la verdad de lo ocurrido.
Artículo 81: Los derechos  reconocidos en este capítulo deberán ser enunciados por el órgano judicial competente, al momento de practicar la primera citación de la víctima o del testigo.”
Otra manera de tomar en cuenta los intereses de la víctima es posibilitaren el proceso  la suspensión de la acción penal por acuerdo entre la víctima y el ofensor (lo que le otorga a la víctima una fuerza de negociación que difícilmente obtendría de otro modo). Obsérvese que esta es otra manera de consagrar el principio de oportunidad.